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Protesta en Hacienda retrasa liberación de carga

Los envíos express, que deben ser liberados en 24 horas, están tardando de cuatro a cinco días en ser liberados


En los últimos días, los revisores fiscales de la Receita Federal intensificaron las manifestaciones contra el recorte del 51% en el presupuesto de la agencia, el impago de aguinaldos y la falta de concursos para restituir la plantilla. Para presionar al gobierno y atraer la atención del público, los auditores fiscales aumentaron el muestreo de los envíos controlados en los aeropuertos y puertos.


Como resultado, los envíos urgentes, que deben liberarse dentro de las 24 horas, tardan entre cuatro y cinco días en ser liberados. De acuerdo con la Asociación Brasileña de Empresas de Transporte Internacional de Carga Express (Abraec), el sector de transporte de carga express enfrenta un aumento en los costos de operación, ya que deben pagar las tarifas diarias de los envíos que se almacenan en depósitos aduaneros hasta su liberación.


“La acumulación de carga es grande, especialmente en los aeropuertos de Viracopos y Guarulhos”, dijo el director ejecutivo de la Abraec, Vagner Battaglioli.


GRU Airport, que administra el aeropuerto de Guarulhos, y RIOGaleão, que administra el aeropuerto internacional de Río, no hicieron comentarios y sugirieron hablar con el IRS. El aeropuerto de Viracopos no respondió a una solicitud de entrevista. El IRS dijo que no comentaría sobre el asunto.


La Abraec ya envió cartas al ministro de Economía, Paulo Guedes, al ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueira, al secretario especial de Ingresos Federales, revisor fiscal Julio Cesar Vieira Gomes, informando sobre las dificultades que enfrentan las empresas.


“La situación es insostenible. Y la tendencia es que los revisores fiscales aumenten aún más el tiempo de liberación de cargas. Esto afecta a empresas de todos los sectores”, dijo Battaglioli. El Ministerio de Economía declinó comentar sobre el asunto.


El día 8, el Supremo Tribunal Federal (STF) reconoció la legalidad del pago de bonos de eficiencia y productividad a los servidores de las carreras tributaria y aduanera de la Receita Federal y la Auditoría Fiscal del Trabajo. La sentencia rechazó la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) interpuesta por el Fiscal General de la República, Augusto Aras. El gobierno aún debe publicar un decreto que valide el pago del bono. Si eso sucede, la movilización de los auditores fiscales puede disminuir.


Pero la movilización no se limita a la operación aduanera estándar. En las últimas semanas se han registrado movilizaciones de revisores fiscales en los principales aeropuertos del país. En otro frente, un grupo de aproximadamente 5.000 revisores fiscales se negaron a asumir cargos directivos en la Receita por las precarias condiciones laborales de los equipos. El Ministerio de Economía se negó a entregar los cargos y cientos de auditores recurren ahora a la justicia para hacer cumplir su decisión.


“La Receita Federal sufrió un recorte presupuestario de R$ 1,2 mil millones. El presupuesto actual es suficiente para funcionar durante cinco meses. Con una restricción de este tamaño, los gerentes tienen que desactivar muchos proyectos. Es este marco el que llevó a los servidores a entregar sus posiciones de liderazgo. La situación se está volviendo inmanejable”, dijo el presidente del Sindicato Nacional de Auditores Fiscales de la Receita Federal (Sindifisco Nacional), Isac Falcão.


Otro problema citado es la falta de licitaciones públicas para reponer el número de empleados que se han jubilado o dejado sus puestos. Falcão dijo que la cantidad de servidores se redujo en un 40% en los últimos años.


El Sindifisco Nacional calcula que la reducción de las auditorías realizadas por el Servicio de Impuestos Internos podría causar una pérdida anual de R$ 9 mil millones para las arcas públicas. El monto está relacionado con la recuperación de créditos indebidos. En 2021, los revisores fiscales lograron evitar una pérdida de R$ 22,4 mil millones para las arcas públicas con la solicitud indebida de créditos fiscales por parte de las empresas.


Pero con una menor cantidad de servidores y un presupuesto reducido, ha habido una caída en la cantidad de auditorías realizadas. En enero, hubo una reducción del 65,3% en las auditorías para verificar la validez de los créditos, lo que provocó una reducción del 40,6% en las denegaciones de créditos (cancelación de créditos), en comparación con el mismo mes de 2021. Según Falcão, si no hay cambio en el escenario actual, la pérdida del año podría llegar a R$ 9 mil millones.


También según el gremio, deben seguir otros problemas derivados de la falta de personal y la caída del presupuesto, como la suspensión del análisis de solicitudes de calificaciones crediticias derivadas de decisiones judiciales y la anticipación de reembolsos.

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